Aunque el expediente continúa bajo un estricto hermetismo, existe una certeza entre los investigadores: la nueva convocatoria responde a la incorporación de evidencias que obligan a profundizar los interrogatorios. Los citados son Marcos Martín Nacif, conductor de la Toyota Hilux en la que fueron hallados los 470 kilos de cocaína; Rodrigo «Icha» Chávez, señalado como propietario de ese vehículo; y Pablo Abraham Pérez, empresario de Famaillá a quien la Fiscalía ubica como el presunto responsable de la logística del cargamento.
Por el momento no trascendió si también serán convocados Matías Díaz, Enrique Santos Catulo y Fernando Catulo Chamás, los otros tres detenidos en la causa. Todos ellos reconocieron haber mantenido vínculos comerciales con Abraham Pérez relacionados con operaciones de compra y venta de automóviles.
Las mayores expectativas están centradas en la declaración de Nacif. El remisero ya había brindado información considerada relevante durante una primera comparecencia y manifestó su disposición a continuar colaborando con la investigación, aunque condicionó ese aporte a la obtención de medidas de protección para él y su familia. A ese escenario se suma un cambio de estrategia defensiva, luego de haber designado nuevos abogados, lo que alimenta la posibilidad de que modifique o amplíe su versión de los hechos.
«Estamos analizando el caso. Veremos cuál es el momento oportuno para aportar más información. Pero también tenemos que investigar qué fue lo que pasó en su primera declaración», sostuvo su nuevo defensor, Javier Lobo Aragón. En la misma línea, Javier Lobo Aragón (h) afirmó que su asistido «podría haber sido presionado para involucrar a personas que no tuvieron nada que ver».
La modificación en la defensa también abrió nuevos interrogantes dentro de la causa. El primer abogado que representó a Nacif tendría algún tipo de vínculo con su sobrino, Jorge «Pelaín» Nassif, quien permanece detenido en el penal de Benjamín Paz, procesado en otra causa por narcotráfico. Precisamente, este último habría concurrido recientemente a la Justicia Federal para aclarar que no mantiene ninguna relación con el expediente actual y, aunque no declaró formalmente como testigo, su defensor, Gustavo Morales, aseguró que está dispuesto a aportar información considerada relevante para el avance de la investigación.
En paralelo, durante las últimas horas también surgieron elementos que indican que «Pelaín» Nassif y Pablo Abraham Pérez mantenían diferencias desde hace varios años. Según pudo reconstruirse, el conflicto estaría vinculado con actividades relacionadas con la compra y venta de vehículos en Famaillá, una línea que también es seguida de cerca por los investigadores.
Respecto de Rodrigo «Icha» Chávez, su defensor Benito Allende confirmó que comparecerá ante la Justicia, aunque evitó precisar si responderá las preguntas de los investigadores. «Dependerá de cuáles sean los motivos de la convocatoria. Pero más allá de esta situación, ya solicitamos su excarcelación por falta de mérito, porque no existen indicios en su contra», sostuvo el abogado.
La incógnita más importante gira en torno a la actitud que adoptará Abraham Pérez. Hasta el momento es el único de los detenidos que decidió guardar silencio desde el inicio del proceso. Su abogado, Ernesto García Biagosch, evitó realizar declaraciones públicas y señaló que, por ahora, no brindará información sobre la estrategia de defensa.
La hipótesis del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz continúa ubicando a Abraham Pérez como el presunto organizador del traslado de la droga. Sin embargo, la investigación todavía intenta responder preguntas centrales: establecer el origen del cargamento, determinar cómo ingresó al circuito logístico y definir cuál era su destino final.
Los investigadores también analizan si la organización contaba con apoyo externo para concretar la maniobra. Entre los elementos que alimentan esa sospecha figura el hecho de que la camioneta permaneciera estacionada durante un tiempo en una estación de servicio transportando la droga oculta bajo una lona sin ser detectada.
Aun con los avances registrados desde el secuestro del cargamento, el principal interrogante permanece abierto. La Justicia busca determinar quién era el verdadero propietario de los 470 kilos de cocaína, ya que, hasta el momento, la evidencia reunida ubica a los detenidos principalmente como integrantes del engranaje logístico de una estructura criminal de mayor dimensión.
