La investigación por una de las maniobras de fraude y robo de identidad más complejas registradas en la provincia de Tucumán continúa sumando evidencias y víctimas. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal amplió la imputación contra Romina Vanesa Sanavria, quien ya enfrenta cargos por 14 hechos delictivos perpetrados tras apropiarse de un DNI y una tarjeta bancaria que una mujer había extraviado en la vía pública.
La causa, que avanza en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I —a cargo de Diego Alejo López Ávila—, reveló que la acusada desplegó un verdadero raid delictivo durante más de 90 días. Utilizando la identidad de la víctima, extrajo dinero, obtuvo préstamos personales, gestionó plásticos de crédito, realizó compras por sumas exorbitantes e, incluso, logró vulnerar el sistema estatal DIGITUC para descargar recibos de sueldo y falsificar firmas.
Durante una reciente audiencia, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto solicitó la ampliación de los cargos (incorporando los hechos 13 y 14) y pidió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de la imputada ante los evidentes riesgos procesales, planteos a los que el juez hizo lugar.
El inicio: un DNI perdido en El Bajo y el arranque de la estafa
La reconstrucción judicial determinó que comenzó el 26 de enero de 2026. Ese día, la víctima caminaba realizando compras por la transitada zona de El Bajo, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. En un descuido, perdió un portadocumentos que contenía su DNI y una tarjeta bancaria.
Lejos de devolver los elementos o entregarlos a la Policía, Sanavria se los quedó y puso en marcha su aceitada maquinaria fraudulenta. Entre el 27 de enero y el 10 de febrero, concretó compras presenciales en comercios por $3.234.659 y operaciones virtuales por otros $2.200.000.
Pero la ambición fue en aumento. El 24 de febrero, tras obtener ilegalmente los recibos de sueldo de la víctima desde la plataforma DIGITUC, abrió una cuenta crediticia y consiguió un préstamo por $2.646.000. Al día siguiente, repitió el accionar por casi dos millones más.
Créditos paralelos y falsificación de firmas a mano alzada
El nivel de sofisticación de la estafadora incluyó la gestión virtual de tarjetas de crédito aportando los datos de la víctima, pero vinculando el plástico a un celular propio. Entre marzo y abril, los fraudes se multiplicaron:
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Compras presenciales con tarjeta por más de $1.200.000.
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Créditos en comercios de tecnología por $2.735.000.
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Aprobación fraudulenta de un crédito por $2.761.920 en un local de calle Muñecas al 100 (falsificando pagarés de puño y letra).
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Préstamo vía WhatsApp con un asesor comercial de calle Catamarca al 200 por $2.980.000.
«Con estas maniobras, la acusada provocó un grave perjuicio económico y afectó la fe pública mediante el uso de documentación ajena y la falsificación de instrumentos privados», sostuvo la Fiscalía.
El final de la mentira: el error que la dejó tras las rejas
La impunidad de Sanavria llegó a su fin por un exceso de confianza. El 8 de abril, con total frialdad, había concurrido a una sucursal bancaria de avenida Alem y Las Piedras, donde engañó a los cajeros y extrajo directamente más de $2.000.000 de la cuenta de la víctima.
Creyendo que su método era infalible, regresó a la misma sucursal bancaria el 8 de mayo de 2026 con la intención de repetir la jugada. Logró retirar $100.000, pero fue reconocida por un empleado de seguridad privada que recordó su rostro de la operación anterior.
La rápida intervención del personal del banco permitió advertir que las firmas biométricas no coincidían. La Policía llegó de inmediato y la aprehendió en el lugar. Hoy, enfrenta una dura carátula que incluye apropiación de cosa perdida, estafa mediante documento público ajeno, falsificación de instrumento privado y uso ilegítimo de identidad, delitos por los que podría pasar un largo tiempo en prisión.
