Según la hipótesis del MPF, la imputada, en su carácter de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Tucumán, habría omitido el pago de importantes sumas mediante maniobras engañosas vinculadas a la falta de presentación de las declaraciones juradas exigidas por la normativa vigente.
“Tal conducta tuvo por finalidad ocultar su verdadera realidad económica y sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, impidiendo al organismo recaudador conocer oportunamente la materia imponible gravada”, sostuvo Lizarraga al exponer los cargos.
Desde la fiscalía señalaron que la omisión habría sido deliberada y sistemática, lo que obligó a la Dirección General de Rentas (DGR) a realizar sucesivas determinaciones de oficio para establecer la deuda tributaria.
Por otro lado, el representante del MPF solicitó una serie de medidas de menor intensidad por el plazo de tres meses. Entre ellas, la obligación de fijar y mantener domicilio en San Miguel de Tucumán, presentarse ante cada citación judicial, permanecer a disposición del Colegio de Jueces y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
La jueza interviniente deberá resolver sobre las medidas requeridas mientras continúa el avance de la causa.
